Alerta de violencia de género contra las mujeres

Nota introductoria

En 2015, gracias al esfuerzo de documentación de activistas y organizaciones de la sociedad civil, se activó por primera vez un mecanismo que en México conocemos como Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Este mecanismo, único en Latinoamérica, como explicaremos más adelante, forma parte de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). En la letra, la AVGM implica la activación de un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Casi una década después de la activación de las primeras AVGM, alcanzando ya al 69 por ciento de los estados de la República mexicana, desde Data Cívica pensamos que es relevante, por un lado, contribuir en la ciudadanización de este mecanismo haciendo un esbozo general de su trayectoria histórica que sea accesible para un público amplio y que ponga en el centro los logros y desafíos a partir de la activación de este mecanismo. Por otro lado, proponemos indicadores para su evaluación que pueden obtenerse de datos públicos y que sean comparables en todos los territorios en los que opera este mecanismo: la asignación de presupuesto y la capacidad institucional para dar respuesta a la emergencia. Estos indicadores son útiles para complementar el trabajo de colectivas, organizaciones y activistas que monitorean el desempeño de las alertas; y también para otras organizaciones que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que no han estado directamente vinculadas con este mecanismo; así como para periodistas, académicos e incluso funcionarios públicos.

Para este informe interactivo, además de consultar las solicitudes de declaratoria de AVGM y los documentos oficiales vinculados a estas (oficios, dictámenes) disponibles en el portal del Gobierno de México¹ y algunas de las evaluaciones previas, se realizaron entrevistas a profundidad con cuatro activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres que participaron en los procesos de solicitud en algunos estados -Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Michoacán- y a una académica que participó en el Grupo de Trabajo cuando las solicitudes en Baja California y Ciudad de México.²

Para la elaboración de los indicadores, se consideraron tres ámbitos a cubrir: indicadores de violencia generalizada, de violencia feminicida y capacidad estatal. Decidimos incluir indicadores de violencia feminicida porque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estipula que las Alertas de Género engloban una serie de medidas por parte del gobierno para “enfrentar y erradicar la violencia feminicida”. En sentido estricto, su efecto se debería evaluar a partir de esa misma violencia. Ahora, ciertos tipos de violencia contra las mujeres reflejan los patrones de violencia generalizada del resto de México. Para poder distinguir entre los patrones que afectan exclusivamente a las mujeres de los que se viven por toda la población, decidimos contextualizar los datos de violencia de género letal con indicadores que reflejen la crisis de violencia en México. Por último incluimos indicadores sobre las capacidades que tienen las autoridades locales para hacer frente a la violencia feminicida. En la sección “Evaluar las AVGM” aclaramos por qué decidimos evaluar a las Alertas a partir de ellos. Para construir nuestros indicadores partimos de variables de por lo menos 8 fuentes de información pública³.

El surgimiento de la AVGM en México

Documentar violaciones graves a los derechos de las mujeres es una tarea que al menos desde la década de 1990 realizan activistas y organizaciones de la sociedad civil en México, ya sea utilizando la prensa, fuentes oficiales o registrando los casos que atienden o acompañan. Gracias a este trabajo de documentación no solamente se visibilizaron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez como un fenómeno sistemático y vinculado a un contexto de violencia generalizada: estos registros permitieron que más tarde el Estado reconociera la magnitud de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en México a través de la obtención de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009, la cual condenó al Estado mexicano como responsable de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001, sentencia mejor conocida como “campo algodonero”.

Si bien campo algodonero resultó en un parteaguas en relación a la responsabilidad del Estado mexicano en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia de género, en 2007, un par de años antes de que se obtuviera la sentencia, en México se aprobó la LGAMVLV en la cual se reconoce, por un lado, la existencia de la violencia feminicida⁴, y por el otro, el feminicidio como un delito con características específicas: se le define como el asesinato de las mujeres por razones de género y en el que el Estado participa por omisión, es decir, por la incapacidad de cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de las mujeres. La LGAMVLV fue el resultado del trabajo colectivo de grupos feministas, academia, organizaciones de la sociedad civil y legisladores quienes, en ese entonces, identificaron la necesidad de una ley enfocada en el combate a la violencia de género hacía las mujeres basada en el reconocimiento de que ésta no sólo ocurría en Ciudad Juárez sino en todo el país. La LGAMVLV también significó el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de violencias no letales, pero dañinas y peligrosas, que ocurrían en territorio mexicano desde la frontera sur hasta el Río Bravo, para lo cual la LGAMVLV establece obligaciones a diferentes autoridades y brinda un marco general de los tipos y modalidades de violencia que viven las mujeres: la violencia familiar, la violencia en la comunidad, el hostigamiento sexual, el acoso sexual, la violencia docente, la violencia institucional, la violencia laboral y la violencia feminicida.

La LGAMVLV estipula diversas acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en el país, entre las cuales se incluye la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, es decir, un mecanismo que debería activar un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado municipio o región ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

El proceso vigente para solicitar la AVGM se compone de cuatro pasos⁵:

1. Admisión de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (SAVGM), misma que es presentada por organizaciones de la sociedad civil u organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o locales;
2. Conformación de un Grupo de Trabajo para atender la SAVGM, integrado por representantes de las siguientes instituciones INMUJERES, CONAVIM, CNDH, un representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres en la entidad y cuatro personas seleccionadas por Convocatoria Pública: dos académicos nacionales y dos locales;
3. Investigación del Grupo de Trabajo para atender la SAVGM, un proceso que inicia con una visita de campo del Grupo de Trabajo en el territorio y la integración del Informe del Grupo de Trabajo y entrega a la SEGOB, dicho informe incluye conclusiones y propuestas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres; el estado tiene 6 meses para su cumplimiento y se notifica al Ejecutivo del estado;
4. La dictaminación del Grupo de Trabajo para atender la SAVGM, es decir, que se analizan las acciones realizadas por el estado y el Grupo de Trabajo realiza un Dictamen, el cual se entrega al Grupo de Trabajo de la SEGOB. Para que la SEGOB declare o no la AVGM se toman en cuenta las conclusiones del Dictamen del Grupo de Trabajo.

Es importante resaltar que el proceso vigente comienza cuando organizaciones civiles, conformadas por activistas y defensoras de derechos humanos, documentan la evidencia de los casos de violencia contra las mujeres en determinados territorios y preparen un documento para solicitar la activación de las AVGM y que se atienda la emergencia.

El testimonio de las activistas entrevistadas coincide en que, entre 2013 y 2014, cuando empezaron a solicitar la activación del mecanismo de la AVGM buscando que el Estado interviniera en contexto de violaciones graves a los derechos de las mujeres, particularmente en regiones en las que la llamada Guerra contra el Narco propició la militarización ilegal de la seguridad pública, no existía claridad sobre las reglas de operación del mecanismo o lagunas jurídicas, es decir, ni de los criterios para validar la evidencia presentada por las organizaciones de la sociedad civil ni del conjunto de acciones gubernamentales que se deberían implementar para atender la emergencia. Al solicitar las primeras AVGM inició el proceso de identificar y establecer quiénes deberían evaluar y determinar la procedencia o no de dicho mecanismo y fue entonces que se estableció la conformación de los Grupos de Trabajo. La definición de este proceso llevó a que las primeras solicitudes tardaran aproximadamente dos años en declararse, hasta 2015. Sabemos que, en relación al conjunto de acciones gubernamentales para enfrentar la emergencia, como se refleja en las SAVGM y en los dictámenes, estas no han sido uniformes ya que dependen del contexto particular de cada municipio.

En la siguiente tabla, elaborada con base en información oficial, se muestra, ordenada por año en el que se declaró la procedencia o no de la AVGM, el estatus de las solicitudes que han hecho las activistas y organizaciones de la sociedad civil:

Tabla 1. Estatus de la declaratoria de AVGM por estado y municipio

Núm	Fecha de solicitud	Fecha de declaratoria	Estado	Municipio(s)	Estatus de la AVGM
1	28/04/2014	31/07/2015	Estado de México	Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad y Cuautitlán Izcalli.	Declarada para municipios específicos
	19/07/2018	20/09/2019		Toluca de Lerdo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco Solidaridad	Declarada para municipios específicos
2	16/06/2014	10/08/2015	Morelos	Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.	Declarada para municipios específicos
3	2014	2015	Guanajuato	León, Celaya y Guanajuato	NO DECLARADA
4	-	2015	Baja California	Tijuana	NO DECLARADA
	03/03/2021	25/06/2021		Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín, Tecate y Tijuana	Declarada para toda la entidad
5	2017	2015	Sonora	Cajeme	NO DECLARADA
	-	2019			En proceso por agravio comparado
	28/09/2019	20/08/2021		Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado y el estado de Sonora	Declarada para municipios específicos
6	2017	2016	Tabasco	Toda la entidad (17 municipios)	NO DECLARADA
7	06/01/2015	27/06/2016	Michoacán	Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.	Declarada para municipios específicos
8	13/12/2013	18/11/2016	Chiapas	Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán Santiago El Pinar**	Declarada para municipios específicos
9	30/01/2015	18/11/2016	Nuevo León	Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey	Declarada para municipios específicos
10	-	2016	Tlaxcala	La Magdalena, Tlatelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina	NO DECLARADA
	08/11/2019	18/08/2021		Toda la entidad (60 municipios)	Declarada para toda la entidad
11	14/10/2015	23/11/2016	Veracruz	Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa	Declarada para municipios específicos
	08/04/2016	13/12/2017		Toda la entidad (212) municipios	Por agravio comparado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
12	14/03/2017	31/03/2017	Sinaloa	Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato	Declarada para municipios específicos
13	26/01/2015	20/06/2017	Colima	Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez	Declarada para municipios específicos
14	25/11/2015	21/06/2017	San Luis Potosí	Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín	Declarada para municipios específicos
15	20/06/2016	22/06/2017	Guerrero	Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort	Declarada para municipios específicos
	04/04/19	2020		Toda la entidad (81 municipios)	Declarada por Agravio Comparado
16	31/12/2015	2017	Quintana Roo	Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. Acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena	Declarada para municipios específicos
17	12/07/2016	04/08/2017	Nayarit	Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Con acciones específicas para los municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori	Declarada para municipios específicos
18	-	2017	Querétaro	Querétaro, de manera especial las comunidades y colonias El Obraje, San José el Alto y la delegación Santa Rosa Jauregui	NO DECLARADA
19	-	2017	Puebla	Sin información oficial vigente	NO DECLARADA
	25/03/2019	08/04/2019		Acajete, Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, Calpan, Chalchicomuña de Sesma, Chiautla, Chietla, Chignajuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan del Progreso, Huachinango, Huejotzingo, Huyetamalco, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes de Juárez, Ocoyucán, Oriental, Palmar de Bravo, Puebla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San Marín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador el Seco, Santiago Mihuatlán, Tecali de Herrera, Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tezihutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, Zacatlán, Zaragoza y Zoquitlán.	Declarada para municipios específicos
20	-	2017	Yucatán	Sin información oficial vigente*	NO DECLARADA
21	-	2017	Coahuila	Sin información oficial vigente*	NO DECLARADA
22	-	2017	Ciudad de México	Sin información oficial vigente*	NO DECLARADA
	-	2019		Sin información oficial vigente*	En proceso
23	15/02/17	07/08/2018	Zacatecas	Toda la entidad (58 municipios)	Declarada para toda la entidad
24	06/07/2017	30/08/2018	Oaxaca	Asunción Nochixtlán, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, San Juan Mixtepec, Santa María Apazaco, Santa María Yucuhiti, Huautla de Jiménez, Mazatlán Villa de las Flores, Teotitlán de Flores Magón, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Matías de Romero Avendaño, Salina Cruz, San Juan Guichicovi, Santo Domingo Tehuantepec, Mahuatlán de Porfirio Díaz, Putla Villa de Guerrero, Ixtlán de Juárez, Santo Domingo Tepuxtepec, Candelaria Loxicha, San Agustín Loxicha, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, Santiago Jamiltepec, Santiago Pinotepa Nacional, Santo Domingo de Morelos, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec, San Lorenzo Cacaotepec, Santa Lucia del Camino, Tlacolula de Morelos, Villa de Zaachila, Zimatlán de Álvarez, Acatlán de Pérez Figueroa, Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Nacional.	Declarada para municipios específicos
25	21/07/2017	05/11/2018	Durango	Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, Rodeo, General Simón Bolivar, Canatlán, Durango, Guadalupe Victoria, Mezquital, Nombre de Dios, Poanas, Pueblo Nuevo, Santiago, Papasquiaro, Tamazula y Vicente Guerrero	Declarada para municipios específicos
26	10/02/2017	16/11/2018	Campeche	Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hecelchakán y Hopelchén	Declarada para municipios específicos
27	05/12/2016	20/11/2018	Jalisco	Todo el estado (125 municipios) con mayor atención: El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Puerto Vallarta, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán el Grande.	Declarada en todo el estado con especial atención a municipios específicos
28	27/15/2019	16/08/2021	Chihuahua	Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral, Guadalupe y Calvo y Cuauhtémoc	Declarada para municipios específicos
* Refiere a que no existe documentación disponible de las fuentes oficiales del Gobierno Federal consultadas para la elaboración de esta Tabla. ** Información proveniente de: http://www.alertadegenerochiapas.org.mx/ Fuente: Elaboración propia con información proveniente de la Secretaría de Gobernación y la CONAVIM.

Como se aprecia en la tabla 1, existen diversos estatus para las SAVGM: declarada en algunos municipios (49 por ciento), no declarada⁶ (29 por ciento) declarada para toda la entidad (11 por ciento) en algunos casos con especial atención en algunas regiones, declarada por agravio comparado⁷ (6 por ciento) y en proceso (6 por ciento).

Al narrar la historia del proceso de solicitud de la primera declaratoria de AVGM, la del Estado de México, Ana Yeli Pérez Garrido resume cómo ha sido, hasta ahora, la construcción técnica de dicho procedimiento. Nos contó que al inicio, existían algunas lagunas jurídicas, por ejemplo, el no haber un plazo de término para realizar la investigación a partir de la evidencia que presentan las organizaciones de la sociedad civil en su SAVGM; o la participación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que surgió en 2007 al parejo que la LGAMVLV, en el primer Reglamento de dicha Ley, lo cual dificultaba el proceso de investigación y de declaratoria por la cantidad de actores que suponía el involucramiento de funcionarios que participan a este mecanismo interinstitucional a nivel nacional. En 2011 el Reglamento de la LGAMVLV se reformó: se eliminó la participación del Sistema Nacional y se conformó el Grupo de Trabajo integrado por el INMUJERES, la CONAVIM, la CNDH, cuatro académicas y los institutos locales de las mujeres. Nos explicó que este Grupo de Trabajo realiza la investigación, en aproximadamente un mes, emiten el informe que establece las medidas acordes a sus hallazgos, y a partir de aceptar el informe, la entidad en cuestión tiene seis meses para cumplir las recomendaciones y después de un dictamen del cumplimiento la SEGOB decide si se declara o no la alerta. Pérez Garrido indicó que por el momento hay un proceso de modificación del Reglamento de la LGAMVLV que está por aprobarse, en el que se va a conformar el Grupo de trabajo y, conforme al hallazgo, se va a declarar la alerta y se van a emitir las recomendaciones para que se cumplan acortando así el tiempo para la declaratoria; y por otro lado, otras modificaciones hechas en la LGAMVLV implican que se cuente con indicadores, con una metodología de seguimiento, para que el mecanismo de la alerta tenga un funcionamiento más adecuado.

Es relevante destacar que, desde el proceso de definir las reglas de operación del mecanismo de la AVGM hasta la actualidad, las activistas y organizaciones peticionarias participan de cerca con la autoridad. Puede ser asesorando al Grupo de Trabajo, ya sea mediante un acuerdo con la SEGOB ya que, al enfrentarse a las lagunas del primer Reglamento, como indica Ana Yeli Pérez “no había nada, absolutamente nada, sobre cómo se implementa la alerta, una vez que se implementan las medidas de prevención, de seguridad y de justicia, cómo se hace, cómo se da seguimiento, cómo se interviene”; o bien, a través de asesorar a integrantes del Grupo de Trabajo, como se refleja en el testimonio de Verónica Cruz, quien, a pesar de participar varias veces en el proceso de solicitud de la AVGM en Guanajuato, ésta no procedió:

Cuando ya se arma el Grupo de Trabajo pues realmente la CONAVIM tenía cero idea de qué hacer, o sea, estaba así de ahora qué sigue, las académicas no tenían idea, se supone que eran el actor nuevo y que sabían y que el país tenía investigadoras sobre el tema, y no sabían qué hacer con la solicitud. Entonces junto con nosotras, de hecho a nosotras nos tocó mucho ayudar al Grupo de Trabajo en cómo hacer, qué hacer, qué sigue. Por ejemplo, no había metodología para la investigación de la solicitud y nos preguntan a nosotras qué hacemos. En ese momento nosotras teníamos mucha interlocución con las académicas de Guanajuato y a nivel nacional que quedaron, entonces nosotras, a través de ellas, era irles diciendo qué hacer. Por ejemplo, no querían entrevistar a víctimas y familiares de feminicidio y nosotras insistimos que sí las entrevistaran, porque ellas solo querían entrevistar al gobierno (Verónica Cruz, Las Libres).

En el caso de Guerrero también se notó la participación de las organizaciones peticionarias para el cumplimiento de las alertas en el testimonio de Marina Reyna, quienes, con sus propios recursos, a veces yendo a los municipios a contribuir en la ciudadanización de la alerta, otras veces participando en el el GIT:

Cuando se decreta en 2017, yo pido participar en el Grupo Interdisciplinario de Trabajo, la ley no lo contempla, ni el Reglamento, pero lo hicieron como una acción afirmativa y como en muchos estados los estaban incorporando dijeron sí, no tenemos inconveniente de que se incorpore la organización peticionaria. Entonces nos incorporaron al Grupo para el seguimiento de la alerta [...] nos dimos cuenta de todo el proceso, de todos los recursos también a los cual tuvo acceso el Gobierno del Estado a través de esta convocatoria de subsidios para el cumplimiento de la alerta y sabemos que este decreto de la alerta fue con las medidas, con 21, cinco de seguridad, ocho de prevención, 7 de justicia y reparación y 1 para visibilizar la alerta.

La indignación: prevalencia de violencia contra mujeres y exceso de crueldad

Existe un desfase entre la aprobación de leyes y acuerdos internacionales con las prácticas concretas por parte de las autoridades. Por ejemplo, a pesar de que en la primera década del nuevo milenio se había dictado la sentencia conocida como campo algodonero, o de la aprobación de la LGAMVLV, la violencia contra las mujeres en México no solo permaneció: se incrementó. De igual forma se observó un aumentó en la crueldad y la brutalidad de los asesinatos de mujeres, particularmente después de que en diciembre de 2006 el entonces presidente Felipe Calderón declarara la Guerra contra el narcotráfico. Dicha estrategia, presentada como de seguridad, propició el incremento de la violencia generalizada en el país, sobre todo, en aquellas regiones o territorios en los que se ya estaba instalado algún cartel, o bien, alguna célula de crimen organizado. De acuerdo con Circe López, la Guerra contra el narco intensificó los vacíos de autoridad, debido a la insuficiencia de personal y a la complicidad de algunas autoridades municipales con el crimen organizado. Esto, a su vez, provocó una mayor desatención de los casos de violencia hacia las mujeres. Las fiscalías estaban rebasadas por el aumento de los casos relacionados con el crimen organizado y no había cabida para las denuncias de las diversas formas de violencia que estaban padeciendo las mujeres.

Al preguntar a las defensoras de derechos humanos entrevistadas para este informe por las razones que –además de las muertes violentas de mujeres, ya sean homicidios dolosos o feminicidios– las motivaron a solicitar la activación de la AVGM coincidieron en que comenzaron a documentar más casos de violencia familiar y de violencia sexual, esta última tanto en el hogar como en la vía pública.

El feminicidio, como asesinato de una mujer por razones de género, guarda una relación estrecha con la violencia familiar, casi siempre perpetrada por el cónyuge o pareja, y expresada en diversas formas de delito como amenazas, lesiones, agresiones sexuales o privación de la libertad. Una manera de comprender la violencia de género en la vía pública pasa por considerar que la violencia familiar se extiende de lo doméstico a las calles, en el sentido de trasladar la masculinidad hegemónica a la esfera de lo público. Entendemos la masculinidad hegemónica, al igual que Rita Segato, como un modelo de comportamiento masculino que logra imponerse, originado en una situación de desigualdad entre hombres y mujeres, en el que el mandato de la masculinidad esclaviza a los hombres y victimiza a las mujeres: “los hombres han sido obedientes a ese mandato a cambio de un título de prestigio que es ser hombre porque se les ha enseñado que ser hombres confiere una superioridad en la sociedad”⁸. Desde este punto de vista antropológico, aquellos que obedecen el mandato de masculinidad consideran que los cuerpos de las mujeres les pertenecen, ya sea en la casa o en la calle.

Para ejemplificar cómo a partir de la primera década del nuevo milenio la indignación por la prevalencia de las violaciones a los derechos de las mujeres, la crueldad y la brutalidad en la violencia perpetrada hacía sus cuerpos, llevó a que las activistas y las organizaciones de la sociedad civil buscaran la activación del mecanismo de la AVGM para atender la emergencia, tomaremos como referencia el caso de Uruapan, en Michoacán.⁹

En entrevista, la activista y defensora de derechos humanos Circe López, narró cómo, además de identificar un incremento de violencia contra las mujeres en Michoacán, el feminicidio de Casandra, una estudiante de enfermería, las impulsó a solicitar la activación de la AVGM. Circe explica que el asesinato de Casandra, en un primer momento, se trató de un asunto complejo para ellas porque su muerte, bastante violenta, se dio en un momento en el que todavían no tenían la certeza para distinguir entre feminicidio y homicidio. El cuerpo de Casandra fue arrojado en una zona con matorrales, alejada, a la salida del municipio de Uruapan. Circe tiene la impresión de que fue desollada porque, cuando pudieron tener acceso a la carpeta de investigación, notaron entre la evidencia que Casandra presentaba un corte muy fino, que podía haber sido hecho con un bisturí o una cuña para el corte del aguacate, es decir, una navaja muy afilada. A Casandra la cortaron desde la clavícula derecha y tenía todo el rostro desollado. La exposición del cuerpo de Casandra en una zona de exuberante vegetación en el municipio de Uruapan durante varios días hasta que la encontraron provocó que los animales se alimentaran de él, lo cual, a su vez, entorpeció la investigación forense.

La brutalidad del asesinato de Casandra impulsó a que Humanas sin Violencia A.C., la organización que Circe López dirige, solicitara la alerta en 2014, pero, como explica, ellas ya venían monitoreando una serie de violencias que las llevaron a presentar, en 2008, un diagnóstico de los delitos que se cometían contra las mujeres a Leonel Godoy, entonces gobernador de Michoacán. Dicho informe incluía mapeo y georreferenciación pues ya tenían idea de cómo la violencia se estaba incrementando a partir de que la guerra contra el narco había sido declarada. Así, para 2014 ya tenían los elementos suficientes para presentar un informe y lo hicieron porque el asesinato de Casandra les pareció bastante preocupante. Metieron la SAVGM en diciembre de 2014, fue admitida, y en enero del 2015 ya tenían el mecanismo echado a andar conforme a la ley en forma de Grupo de Trabajo, pero no fue sino hasta el 2016 que lograron se activara la AVGM. De acuerdo con Circe López, muchos casos que entonces documentaron no los consideraron como feminicidio sino como homicidio doloso por varios factores, entre ellos, la presencia del crimen organizado y la creación de autodefensas, lo que incidió en el vacío de autoridad, es decir, que en un clima de violencia generalizada el personal encargado de procurar justicia resultaba insuficiente, además de que la tipificación de ese tipo de delito a partir de la LGAVLVM tenía poco tiempo.

El que, desde 2013, activistas y organizaciones de la sociedad civil en 69 por ciento de los estados de la República mexicana se organizaran para solicitar la activación de AVGM, presentando documentos detallados y sustentados con evidencia para mostrar cómo la pedagogía de la crueldad¹⁰ se ha ido extendiendo por el territorio mexicano es en sí una expresión de la indignación frente al incremento de la violencia en el país. En el siguiente mapa se observan todos las entidades federativas en las que se han presentado AVGM independientemente del dictámen, aprobatorio o no, por parte de la SEGOB.

La violencia amplificada a partir de la Guerra contra el narco ha aumentado la violencia específica contra las mujeres y, por tanto, a la experiencia de vivir con miedo se añaden estrategias para vivir en entornos cada vez más violentos. A decir de Marta Torres Falcón, si bien siempre habían existido hechos de violencia, desde finales de la década de 1990 empezamos a ser testigos de:

[...] feminicidios, o de que la gente irrumpiera en un antro o discoteca y que asesinaran a la gente, colgaran las cabezas, todo el extremo de violencia que hemos visto en algunos lugares, ese no lo conocíamos, ¿no? Algunas señoras en Ciudad Juárez decían que cuando su hija se iba a trabajar, así como la mamá normalmente le dice a la hija, “hija que te vaya bien, cuídate mucho”, las señoras se fijaban en qué ropa traía la hija por si después tenía que ir a hacer la denuncia de desaparición. Ya no es nada más no llegues tarde o cuídate, o comes bien, si no cómo vas vestida por si después tenemos que ir a denunciar. El miedo me parece importante, vivimos con miedo, y además aprendemos a vivir con miedo, no es un miedo paralizante, seguimos haciendo muchísimas cosas […] alguna colega de Guerrero me decía que la gente no va por los cuerpos al servicio médico forense, porque hasta eso les da miedo, ir a recoger, identificar y finalmente recoger el cuerpo de alguna persona, la hija, la sobrina, la nieta.

La indignación, por la cantidad y la crueldad con que se perpetran las muertes violentas de mujeres, por el incremento de las violencias no letales, y por la imposición de vivir con miedo dentro y fuera de los hogares, ha llevado a la sociedad civil organizada a utilizar lo que consideraron, en su momento, un mecanismo para poner un alto a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres: la AVGM.

Logros y desafíos de la AVGM

Entre las activistas y académicas que entrevistamos, algunas que participaron como peticionarias de la AVGM y otra perteneciente al Grupo de Trabajo que realiza la investigación previa a la declaración de la alerta, existen opiniones contrastantes sobre los logros y los desafíos de las AVGM.

A decir de Ana Yeli Pérez Garrido, las AVGM han tenido un efecto positivo en la creación de infraestructura y la capacitación de personal de distintos niveles de gobierno que, antes de la declaratoria, no tenían en el radar ni que las violaciones a los derechos de las mujeres constituyen delitos, ni que existen leyes específicas para la violencia de género contra las mujeres, ni que bajo el marco de la LGAMVLV hay obligaciones como la de atender y sancionar con una perspectiva de género. Sostiene que:

algo que ha reflejado el mecanismo de alerta es que los estados no contaban con lo elemental para atender la violencia contra las mujeres, el mecanismo vino a detectar eso, que no se estaba haciendo, que no había presupuesto y que el que había se destinaba para acciones fuera del deber o las obligaciones del estado en la materia de los DHH de las mujeres, y el mecanismo viene a ordenar eso. Se le ha querido cargar al mecanismo de alerta la responsabilidad de la violencia cuando hay una ley, por ejemplo, el mecanismo es más bien en caso de que no se cumplan esas obligaciones. La Alerta vino a revelar que las entidades federativas, los municipios, no tenían absolutamente nada, ni un peso destinado a atender la violencia, ni una instancia, ni una persona, o tenían a una persona, es impresionante la dimensión de eso, que en un territorio no tengan nada para atender la violencia te dice la respuesta lógica de cómo ha se ha incrementado la violencia si el Estado no estaba haciendo absolutamente nada para detenerla. Entonces lo que viene a hacer el mecanismo es, bueno, no hay nada, pues vamos a crear.

Por su parte, Circe López coincide parcialmente con esta postura pues sostiene que “en un primer momento la alerta sí funcionó porque colocó una problemática que no se quería reconocer en Michoacán por el contexto del crimen organizado y las autodefensas.” Sin embargo, la persistencia, y en algunos casos, el incremento de la violencia contra las mujeres indica que lejos de apagar el incendio –es decir, accionar efectivamente un conjunto de estrategias gubernamentales para erradicar las violaciones graves a los derechos de las mujeres que en muchos casos terminan en muertes violentas– las alertas se han instalado al parecer de forma permanente, sin claridad sobre la permanencia, alcance y posible adecuación de las acciones gubernamentales para atender la emergencia.

La metáfora del incendio para caracterizar las AVGM es de Martha Torres Falcón, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana que participó en los GIT de Baja California y Ciudad de México quien, al referirse al tiempo que transcurre entre la SAVGM y el dictamen para declarar su procedencia o no, indicó: “los términos son muy largos, ya cuando se declara la alerta pues ya pasaron no sé cuántos meses, digo debe ser una medida emergente, pues por eso es alerta, es como llamar a los bomberos porque hay un incendio: si los bomberos llegan dos años después, bueno pues el incendio ya consumió no sé cuánto”. Al parecer, como indicamos en secciones anteriores, la problemática de los tiempos para establecer e implementar medidas podrá modificarse con la última aprobación del Reglamento.

En cuanto a las medidas para atender la emergencia, aunque a nivel municipal se deberían implementar en un periodo de seis meses a partir del dictámen del GIT, entre las que suelen predominar capacitaciones de policías y ministerios públicos para sensibilizar su actuación con enfoques de derechos humanos y de género, su eficacia dependerá de la voluntad política y la infraestructura de cada municipio y la evaluación de estas medidas tiende a ser poco detallada pues se limita a un criterio de cumplimiento o incumplimiento, lo cual favorece la falta de claridad en cuanto a qué les toca a las autoridades locales para erradicar esta problemática. En el caso de Guerrero, como señala Marina Reyna, algunas autoridades municipales ni siquiera cumplieron con la indicación de informar las medidas de cero tolerancia que incluyen la declaratoria en los municipios donde el riesgo de violencia de género contra la mujer es alto, por lo que para ella “lo que mejor describe a las AVGM es la simulación y la complicidad”. Así, aunque la activación de las AVGM han contribuido a que la violencia de género contra las mujeres sea reconocida por el Estado, al aceptar la evidencia presentada por activistas y organizaciones de la sociedad civil, y a que desde esa estructura se reconozca que existe una situación de emergencia, la obligación de ciudadanizarla, es decir, de comunicar a las personas que habitan los municipios o estados en donde se declara la alerta que están viviendo en un territorio en el que existe un alto riesgo de violencia de género contra las mujeres y las acciones que se están implementando, suele quedar a niveles federal y estatal cuando debería alcanzar hasta el nivel municipal. No obstante, aunque algunas organizaciones civiles y medios de comunicación han contribuido a visibilizar la existencia de las AVGM, para Verónica Cruz esto puede ser peligroso pues las movilizaciones callejeras tienden a “terminar en una sola voz pidiendo la alerta de género”, es decir, activar un mecanismo cuya eficacia, en términos de erradicar las violaciones a derechos humanos de las mujeres, es cuestionable.

Un punto en el que las personas entrevistadas coinciden tiene que ver con las tensiones y la comunicación interinstitucional entre niveles de gobierno. Por procedimiento, las SAVGM deben hacerse a la Secretaría de Gobernación que, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)¹¹ presenta un dictamen en el que se estipula si procede o no declarar la AVGM luego de considerar si en los municipios y estados se están implementando las medidas que recomienda el Grupo de Trabajo en un plazo de seis meses. De proceder la alerta, desde el nivel federal se indica a los ejecutivos estatales la asignación presupuestal y que dirijan instrucciones para que, a nivel municipal, se cumplan las medidas que el Grupo de Trabajo estipula a partir de las evidencias presentadas por las organizaciones sociales. Esta caída en cascada, tanto del presupuesto como de las estrategias a seguir dependiendo de cada contexto, no ha estado exenta de lo que comúnmente se conoce como manejo político o partidista, en el sentido de que más que criterios técnicos, en algunos casos, particularmente desde el poder ejecutivo, ha pesado más “la imagen” que la evidencia sobre las violaciones a los derechos de las mujeres y la falta de articulación entre poderes para echar a andar el mecanismo, como ocurrió en el caso de Guanajuato, en donde a pesar de la evidencia no se declaró; o bien, el caso de Ciudad de México, en el que aunque el Grupo de Trabajo recomendó hacer la declaratoria esto no ocurrió, como indica Torres Falcón:

CONAVIM decidió no declararla pero hizo una serie de recomendaciones, después, cuando le preguntamos a Candelaria [Ochoa] dijo “es que no la declaramos pero como si la hubiéramos declarado” porque se implementaron algunas de las medidas y después la Jefa de Gobierno declaró la alerta en un movimiento político, pues es el gobierno local, y de acuerdo con la ley local.

El presupuesto asignado a los municipios una vez que se declara la AVGM fue uno de los temas mencionados por las activistas durante las entrevistas. Cuestionaron el financiamiento otorgado para la elaboración de los protocolos cuando empezaron a solicitar las alertas y denunciaron que las consultoras encargadas de realizar los diagnósticos, las investigaciones y redactar los protocolos solían ser “gente cercana o conocida de funcionarios”, quienes no contaban con el conocimiento ni la experiencia suficiente en los temas o los contextos municipales como para desarrollar diagnósticos y estrategias para atender la violencia feminicida. Fue el caso de Guanajuato, en el que, como narra Verónica Cruz, las consultoras identifican a las activistas locales, como ella, para entrevistarlas por el conocimiento que tienen sobre el contexto local, y fueron las activistas quienes terminaron haciendo el trabajo sin remuneración alguna.

Las defensoras de derechos humanos con las que conversamos también opinaron sobre la formación y el desempeño del Grupo de Trabajo ya que estuvieron cerca de ese proceso. Si bien consideraron oportuna la unión de diferentes actores en los Grupos de Trabajo, algunas manifestaron que es una buena práctica que, lamentablemente, se ve afectada por la burocratización y la opacidad de los procesos, los cambios en las administraciones y los tiempos de declaración e implementación de estrategias para las AVGM. Y, a este respecto, añadieron que, en ocasiones, aunque el Grupo de Trabajo piense que hay elementos para declarar la alerta, como en caso de CDMX, motivos políticos poco claros inciden en que no se declare, como mencionamos en párrafos anteriores.

Verónica Cruz y Circe López coinciden en que el mecanismo de la AVGM debería haber implicado una estrategia para que las autoridades entraran en los territorios para atender y erradicar la emergencia. Para Verónica “la sociedad civil impulsó las AVGM porque todo lo demás había fallado y [entonces] se creía que podía hacer reaccionar a los gobiernos locales de manera urgente”. Por su parte, Circe sostuvo que, a la larga, “el mecanismo se volvió una forma de evaluar al gobierno, mas no un mecanismo de incidencia, de prevención o de atención.”

Como mencionamos antes, una de las principales problemáticas que rodean a las AVGM es la falta de reconocimiento de los contextos locales, específicamente de las dinámicas que generan la violencia y de las particularidades de los municipios. La percepción general de las activistas entrevistadas es que estos factores no se reconocen en las estrategias que propone el mecanismo, lo cual debería ser central ya que el análisis y las evaluaciones deben sí o sí estar ligadas al contexto municipal más allá de evaluar el desempeño de funcionarios públicos con criterios abstractos como “cumple” o “no cumple” con determinada actividad.

Aunado a lo anterior, identifican que hay una falta de coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno que resulta en vacíos de autoridad y en inoperancia de las estrategias que impulsan las alertas, lo cual continúa poniendo en riesgo la vida de las mujeres que acuden a denunciar. Esta falta de coordinación también está presente entre las fiscalías y los elementos de seguridad pública, quienes podrían articularse a través de protocolos de acompañamiento legal y de protección a las víctimas.

Sobre el trabajo de las autoridades municipales las activistas comparten la idea de que no suelen contar con las herramientas para reconocer la complejidad de los casos, lo que resulta en una inatención a las particularidades y a los problemas de fondo pues reconocer la violencia de género contra las mujeres muchas veces implica cambios en creencias y costumbres muy arraigadas sobre el rol de las mujeres y los hombres. Otro aspecto que destacaron fue, en general, la falta de atención y voluntad para entender y atender a las mujeres que son víctimas de violencia de género a quienes acompañan en sus casos, como una constante entre funcionarios de las diferentes dependencias de gobierno a nivel municipal.

Fortalecer a las autoridades municipales es importante para prevenir, atender y eventualmente erradicar la violencia feminicida y, hasta el momento, pareciera continuar una tendencia que Circe López advierte: “las alertas no consideran la particularidad, los contextos municipales”. A decir de Marina Reyna “sigue siendo incomprensible para los tres niveles de gobierno que es primordial que se atienda lo que pasa en los municipios”. Ello porque las autoridades municipales son quienes tienen más cercanía con las víctimas a nivel local, y por lo tanto, un mayor potencial para actuar: es a ellos ante quienes las mujeres de los municipios se acercan a denunciar algún problema y en busca de comenzar un proceso legal que las proteja. Las activistas entrevistadas han documentado casos, en los diferentes municipios de Guerrero, Michoacán y Guanajuato, en los que las mujeres se acercaron a las autoridades municipales a denunciar y no existió actuación ni responsabilidad por parte de los funcionarios, lo que derivó, en varias ocasiones, en actos mucho más violentos hacia las mujeres. Es importante considerar que, como indica Verónica Cruz, “lo estructural está en los municipios, y los municipios sienten que nadie les habla”.

Evaluar las AVGM

Desde que se declararon las AVGM se han realizado diversas evaluaciones de las acciones gubernamentales implementadas para enfrentar la emergencia en distintas localidades, algunas se han hecho a partir de expertos provenientes de organismos internacionales, otras se han hecho a solicitud de los gobiernos estatales.¹². En este informe, como ya hemos mencionado, las valoramos, en primer lugar, a partir del conocimiento de las activistas que participaron en solicitudes y que desde hace más de una década acompañan víctimas de la violencia de género, y con una académica que participó en el Grupo de Trabajo, con quienes tuvimos oportunidad de conversar; en segundo lugar, utilizando datos abiertos relacionados con el ejercicio del presupuesto y con la capacidad de las corporaciones policiacas y del poder judicial para atender casos de violencia generalizada y de violencia de género contra las mujeres.

La respuesta a la pregunta sobre si están o no funcionando las AVGM es diversa y responde al contexto de cada uno de los estados y municipios en los que trabajan las organizaciones sociales y acompañantes. Por un lado, como mencionamos, algunas reconocen que las AVGM, han servido para visibilizar varios problemas relacionados con la violencia de género contra las mujeres, entre ellos la falta de políticas públicas para hacer frente a esta emergencia. Sin embargo, también consideran que las AVGM no son la solución definitiva al problema dado que, a pesar de visibilizar que existe la problemática, no han logrado solucionar la emergencia. Algunas de las activistas entrevistadas refirieron que, si bien en un primer momento las AVGM funcionaron para poner en la agenda pública las problemáticas relacionadas con el crimen organizado y la violencia hacia las mujeres, actualmente su impacto es casi nulo pues tanto la metodología como criterios para su activación e implementación continúan siendo poco claros.

Parte de la complejidad de proponer indicadores para evaluar las Alertas de Género surge de la naturaleza diversa de las recomendaciones realizadas por cada grupo de trabajo dependiendo de las circunstancias locales. En cada entidad el grupo de trabajo conformado desde la declaratoria de la alerta de género propone un conjunto de acciones en función a las dinámicas del problema a nivel local. Es decir, a pesar de que cada alerta es en sí misma un mecanismo de emergencia que busca atender la violencia feminicida, la serie de acciones propuestas para que cada entidad la atienda pueden ser muy distintas. Como resultado, generar una medida que permita monitorear el efecto de las alertas de género de manera uniforme más allá de la violencia feminicida en sí misma resulta complejo.

Por su parte la violencia contra las niñas y las mujeres responde a dinámicas complejas que van más allá de la declaración de un estado de emergencia en cierto territorio. Por ejemplo, las tendencias en violencia contra las mujeres pueden responder a cambios en el despliegue del ejército en distintos territorios. En estos casos la violencia contra las mujeres es más un reflejo de la violencia generalizada en México que de la violencia por causas de género. Con el objetivo de poder distinguir entre ambos, decidimos incluir no solo indicadores de violencia feminicida como violencia física contra la mujer, homicidios contra mujeres, sino también indicadores de violencia generalizada en México.

En otros casos, por ejemplo un mayor número de carpetas de investigación abiertas sobre delitos como feminicidios o violencia familiar, los incrementos en el reporte de la violencia feminicida implica una mayor atención a los casos de violencia de género por parte de los ministerios públicos y de las fiscalías. En otras palabras, la medida clásica de incidencia delictiva por causas de género no nos permite distinguir entre una mayor incidencia de los delitos y una mayor atención o registro de ellos. Por ello, incluimos la medida propia y comparable que desarrollamos desde Data Cívica para medir los homicidios de mujeres que podríamos considerar feminicidio.

Ante las dificultades de evaluar de manera uniforme las acciones distintas propuestas a cada estado y los efectos de la alerta en la violencia feminicida, optamos por proponer indicadores que monitorean lo que buscan muchas de las acciones propuestas por los grupos de trabajo: la capacidad del estado para atender la violencia de género. A pesar de la amplitud de las acciones propuestas en distintos territorios y de que las alertas de género sean un mecanismo de emergencia, observamos que gran parte de las acciones propuestas buscan atender la falta de infraestructura y de capacidades que tiene el Estado a nivel local para atender la emergencia de la violencia de género en México. Más que atender de manera directa la violencia en sí las acciones buscan incrementar las capacidades locales para poder hacer frente al problema de las alertas de género contra las mujeres.

Desde Data Cívica proponemos entonces que una manera de monitorear de manera comparable, replicable y periódica el desempeño de las AVGM, consiste en procesar y analizar datos sobre la asignación de presupuesto y la capacidad de los estados y municipios para procurar seguridad, a través de las corporaciones policíacas, y justicia, mediante la estructura de trabajadores en del poder judicial.

Con estas consideraciones en mente nos dimos la tarea de procesar 10 fuentes de información pública que nos permitan generar indicadores en tres ejes: violencia generalizada, violencia de género y capacidad estatal¹³.

Hallazgos generales sobre la implementación de la alerta de género

Camino a la AVGM

En México, la violencia contra las mujeres y niñas ha sido una problemática latente, ligada al ámbito de lo doméstico pero desde 2007 también se ha expandido debido a la crisis de seguridad y al proceso de militarización actualmente en curso como resultado de la así llamada guerra contra el narcotráfico. Como se describió anteriormente, desde el año 2000, la indignación por la prevalencia de las violaciones a los derechos de las mujeres, la crueldad y la brutalidad en la violencia perpetrada hacía sus cuerpos, llevó a que las activistas y las organizaciones de la sociedad civil buscaran la activación del mecanismo de la AVGM para atender la emergencia.

Para el 2015, año en que se declararon las primeras alertas de género, ya se registraban en México 811 homicidios dolosos de mujeres en actas de defunción que cumplen con las características que desde Data Cívica utilizamos para caracterizar feminicidios. También registramos que hubo 2,326 homicidios de mujeres (3.7 por cada cien mil mujeres) y 1,018 mujeres desaparecidas no localizadas (1.6 por cada cien mil mujeres).

A partir del 2015, la declaración de Alertas de Violencia de Género en distintos municipios o entidades se da en disincronía; incluso en municipios de la misma entidad federativa, la declaración de la alerta se pudo dar en años diferentes¹⁴. Hasta agosto de 2022, 23 de las 32 entidades federativas (69.7%) cuentan con al menos un municipio con AVGM. Siete de las 32 entidades (21.2%) tienen alertas declaradas a nivel estatal. A nivel municipal, se activaron alertas en 19 municipios en 2015 (0.8%) y para 2022 el número de municipios con AVGM activadas llegó a 851 (34.4% de los 2,456 municipios). El año en que más crecieron los municipios con AVGM fue entre 2016 y 2017 cuando aumentaron de 75 a 310. Hasta el momento no se ha levantado la alerta de ninguna entidad o municipio de manera completa.

Para monitorear la violencia feminicida, la violencia generalizada y las capacidades locales para reducir los niveles de violencia en los que cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVGM) decidimos comparar indicadores que consideramos claves para el análisis en municipios con AVGM y en municipios sin AVGM. Para realizar dichas comparaciones, primero confrontamos el promedio de cada indicador clave para el grupo de municipios con AVGM en cada año (aquí se incluyeron los municipios que activan la AVGM durante ese año más los que ya habían activado la alerta previamente y continuaban con ella) y lo comparamos con el promedio del indicador para el grupo de municipios que no contaban aún con AVGM. Además, para visualizar qué tan distintas eran las tasas dentro del grupo promediado incluimos gráficamente los intervalos de confianza. Como resultado pudimos considerar si el intervalo de un grupo contenía o no el valor promedio del otro grupo y así concluir si los grupos eran significativamente distintos.

Asimismo, con la finalidad de comprender mejor las diferencias que observamos entre los municipios con y sin AVGM sugeridas en el análisis previo, optamos por dibujar la trayectoria del promedio de cada indicador clave para grupos de municipios según el año en que activaron la AVGM. Aquí sólo hicimos grupos de municipios que activaron la AVGM de 2015 a 2019, ya que para varios indicadores teníamos información hasta 2020 y 2021, por lo que no era posible ver la tendencia después de activada la alerta. Este segundo análisis buscaba distinguir si las diferencias entre los municipios con y sin alertas se debían o no a la incorporación de nuevos municipios en cada año.

¿Cómo difiere la violencia feminicida en los municipios con AVGM del resto?

Primero observamos que en los municipios donde se activó la alerta de género en 2015, la situación de violencia feminicida era claramente más grave que en los municipios sin AVGM. En los municipios que activaron la AVGM en 2015 la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.8 por cada cien mil en comparación con 3.4 en los municipios sin AVGM, la tasa de mujeres desaparecidas o no localizadas de 3.7 en comparación con 0.8 en los municipios sin AVGM y la tasa de feminicidios fue de 1.4 por cada cien mil mujeres en comparación con 1.3 para los municipios sin AVGM¹⁵.

¿Son diferentes las tasas de homicidios de mujeres en municipios con AVGM y sin AVGM en los siguientes años? Si observamos al grupo de municipios con AVGM de manera acumulada, es decir, los municipios que declararon la AVGM en un año más los municipios que ya habían declarado la alerta previamente y continuaban con ella, en comparación con los municipios que no contaban con AVGM hasta ese año, vemos que en 2015 y 2016 los municipios con AVGM muestran un mayor número de homicidios de mujeres por cada cien mil, pero en los siguientes años la diferencia se va reduciendo (ver siguiente gráfica).

¿Por qué observamos una reducción en la diferencia de las tasas de homicidios entre ambos grupos? Para responder a esta pregunta mostramos la trayectoria de cada grupo de municipios según el año en que declararon la AVGM, es decir, ya no de manera acumulada, sino separando por año en que se activó la AVGM (ver siguiente gráfica).

En esta gráfica vemos que los dos grupos de municipios que declararon la AVGM en 2015 y en 2016 tenían tasas de homicidios de mujeres más altas en comparación con el promedio nacional, sin embargo, a partir de 2017 se comienzan a activar AVGM en municipios con tasas de homicidios de mujeres por debajo del promedio. Esto genera que la tasa en el grupo de todos los municipios con AVGM se reduzca, mostrando que la disminución en la brecha no es un efecto de la alerta sino de los niveles de homicidio que tenían los municipios cuando activaron la AVGM.

Además, en la gráfica previa vemos que, de hecho, en la mayoría de los grupos la tasa de homicidios de mujeres sigue aumentando a pesar de que se activó la AVGM. El grupo de municipios que activó la AVGM en 2015 tuvo, en 2020, una tasa de homicidios de mujeres de 6.6 por cada cien mil, es decir 1.8 puntos más que cuando se activó la AVGM. La tasa de homicidios de mujeres en los municipios que activaron la AVGM en 2016, también fue mayor para 2020, sólo ha disminuido ligeramente en el grupo de los municipios que activaron su AVGM en 2018, y para 2017 y 2019 la tasa de homicidios sigue prácticamente igual en el último año para el que tenemos información. Es decir, la tendencia de la tasa de homicidios de mujeres es muy parecida antes y después de haber activado la AVGM.

Además de los homicidios de mujeres, otros dos indicadores que muestran la situación de violencia feminicida en el país es la tasa de feminicidios (usando la metodología de Data Cívica) y la de mujeres desaparecidas no localizadas. ¿Cambian las tendencias en estos dos indicadores antes y después de que se activó la AVGM? Nuestra respuesta es no. Como se ve en la siguiente gráfica, la tendencia de la tasa de feminicidios no parece cambiar de manera importante ni sostenida en el tiempo a partir de que se activa la AVGM. Además, vemos que el promedio de la tasa de feminicidios en todos los municipios del país, se mantuvo casi sin cambios desde 2005 y algo similar ocurre separando los municipios según año en que se activó la alerta.

También vemos que en 2015 y 2016 los municipios que activaron la AVGM durante esos años tenían tasas de feminicidio igual o por encima al promedio nacional, pero después, se activó la AVGM en municipios con tasas menores al promedio. La tendencia de la tasa de mujeres desaparecidas y no localizadas tampoco cambia de sentido de manera sostenida en el tiempo después de que se activó la AVGM. No obstante, a diferencia de la tasa de feminicidios, la tasa de mujeres desaparecidas va en aumento, tanto en los municipios con AVGM activada como en el total de los municipios. Además, a diferencia de la tasa de homicidios de mujeres y feminicidios, los municipios en los que se activó la AVGM de 2015 a 2019 tienen niveles más altos o iguales al promedio nacional de mujeres desaparecidas no localizadas.

También observamos que el número de mujeres desaparecidas y no localizadas creció de manera preocupante en 2019 para el grupo de municipios que activó antes que todos la AVGM en 2015, este grupo de municipios forman parte del Estado de México y de Morelos¹⁶. Se exhorta a poner el foco en la problemática de la desaparición de mujeres en dichos municipios. Finalmente, si consideramos al grupo de municipios con AVGM de manera acumulada, la tasa siempre es mayor en los municipios que cuentan con una AVGM en comparación con el resto de los municipios. Es decir, que para este indicador la situación de violencia feminicida sigue siendo más grave para los municipios con AVGM.

En conclusión, sobre la violencia feminicida podemos decir que en los primeros años en que se activaron las AVGM los municipios tenían mayores niveles de violencia feminicida (medida en homicidios de mujeres y feminicidios) . No obstante, con el paso del tiempo, los municipios que van activando las AVGM ya no siempre cuentan con niveles de violencia mayores al promedio nacional, sino que se acercan más al promedio o incluso están por debajo de éste. Lo que tiene como consecuencia que en el promedio del grupo de municipios que incluyen aquellos donde se activó la AVGM más los que ya la tenían para dicho año, se observe una mejora con el paso del tiempo, pero esto no se debe a que la alerta esté teniendo un efecto sobre los niveles de violencia, sino a los menores niveles en los indicadores que tienen los municipios que van activando la AVGM en los años más recientes. Para el caso de mujeres desaparecidas y no localizadas esto no sucede así, y para todos los años, los municipios que declaran una AVGM muestran tasas de violencia feminicida iguales al promedio nacional o mayores.

Por otro lado, en los tres indicadores considerados de violencia feminicida no cambian por lo general las tendencias que se venían mostrando antes de la activación de la AVG. No se ven cambios drásticos ni sostenidos en el tiempo que reporten la disminución de los indicadores de violencia.

Otros indicadores sobre violencia feminicida son las carpetas de investigación por cada cien mil habitantes abiertas por homicidios, feminicidios y violencia doméstica. Estos indicadores además de medir la violencia feminicida pueden ser también un reflejo de las capacidades gubernamentales de atención de la violencia. Además, reconocemos que hay incentivos políticos para disminuir el número de feminicidios contabilizados con carpetas una vez que en un municipio se ha declarado la AVGM.

Aquí analizamos el número de carpetas abiertas por feminicidio por cada cien mil habitantes para respondernos si hay una diferencia en este indicador entre el grupo de municipios con AVGM y sin AVGM, de haberla a qué se debe dicha diferencia y si ha cambiado la tendencia previa en este indicador a partir de la declaración de la AVGM. Para ello primero graficamos el número de carpetas por cada cien mil habitantes en el grupo de municipios con AVGM de manera acumulada en comparación con el grupo de municipios sin AVGM. Vemos que las tasas de carpetas abiertas por feminicidio son mayores en el total de municipios con AVGM desde 2015 hasta 2019 y posteriormente la brecha entre ambos grupos se reduce.

Para ver a qué se debe dicha diferencia y la reducción en la brecha, se realizó la gráfica de las trayectorias de cada grupo de municipios según el año en que declararon la alerta. Encontramos que en casi todos los años, excepto en 2018, los municipios que declararon la alerta por primera vez mostraban tasas de carpetas abiertas por feminicidio bastante mayores al promedio nacional, y en 2018 fue igual al promedio. Esto explica en parte que haya una diferencia en el número de carpetas abiertas entre el total de municipios con AVGM y sin AVGM de 2015 a 2018, donde es mayor el número de carpetas abiertas para los municipios con alertas declaradas.

Si analizamos el número de carpetas de feminicidio por cada cien mil habitantes hasta 2021¹⁷ y lo comparamos con el número de carpetas cuando se activó la AVGM por primera vez, vemos que el número de carpetas subió ligeramente en el grupo de municipios que activó la AVGM en 2015 y 2016; pero para los grupos de 2017, 2018 y 2019 bajó el número de carpetas de investigación en comparación con el nivel que se tenía cuando activaron la AVGM. Incluso, para 2019 a partir de que se activó la AVGM se nota un cambio de tendencia y una reducción en el número de carpetas abiertas de manera sostenida en los siguientes años. Además, vemos que la tendencia en los municipios con AVGM declaradas no es a la alza como lo es en el promedio nacional.

La evidencia sugiere que se activan alertas en municipios donde es más alto el número de carpetas abiertas por feminicidio y que ha habido cierta reducción en los niveles de carpetas en los municipios ya que se declaran las AVGM. Este resultado nos hace preguntarnos si se han declarado alertas en los municipios donde sí se investigan delitos por violencia feminicida porque logran ver los focos rojos gracias a la investigación por apertura de carpetas y si la contención en el número de carpetas se debe a querer reducir la atención al fenómeno gracias al costo electoral que puede implicar la AVGM.

La violencia contra las mujeres no se da en un vacío, sino que tambien responde a las dinámicas de violencia que viven todas las personas en México. Por ello no podemos dejar de enmarcar la violencia feminicida con la violencia general del resto del país.

Al observar los homicidios de hombres por cada cien mil en los municipios con AVGM en comparación con los municipios sin AVGM notamos un patrón muy similar al que se visualizó con los homicidios de mujeres. Los municipios con AVGM registran más homicidios por cada cien mil cuando se empezaron a activar las alertas de violencia contra las mujeres en 2015, pero la diferencia entre los dos grupos se reduce para los últimos años del registro.

La disminución en la brecha puede deberse a que a partir de 2016 los municipios que empiezan a activar las AVGM se encuentran más cerca del promedio nacional, no obstante, también vemos en la siguiente gráfica que para los grupos de municipios que activaron las AVGM en 2017, 2018 y 2019 la tendencia de la tasa de homicidios de hombres va a la baja y terminan en 2020 con tasas de homicidios menores en comparación con las que tenían cuando activaron la alerta.

Esto podría sugerir que la AVGM se declara en municipios donde hay violencia generalizada y violencia que experimentan las mujeres por razones relacionadas al género, además de que los municipios cuando declaran las AVGM sobre todo en los primeros años se ven afectados también por factores que afectan la violencia para todas las personas en el país, como puede ser la militarización, la lucha contra el crimen organizado e incluso las dinámicas partidistas.

¿Cómo difieren las capacidades gubernamentales locales en los municipios con AVGM del resto?

Una hipótesis que surgió a partir del análisis cualitativo es que uno de los factores que ha mejorado a partir de la declaración de las alertas de género es la capacidad del gobierno para hacer frente a los niveles de violencia feminicida y generalizada en el país. Para considerar esta hipótesis, medimos los recursos tanto de infraestructura y de personas trabajadoras como del presupuesto dedicado a la seguridad pública.

En cuanto a los recursos en infraestructura identificamos el número de agencias y fiscalías del ministerio público y el número de estaciones de policía por cada cien mil habitantes. El número de ministerios públicos en los municipios que activaron la AVGM en 2015 y 2016 era bastante menor al resto de los municipios, es decir, había una clara falta de infraestructura en seguridad pública. Para los siguientes años, 2017 y 2018, los municipios que declararon una AVGM tenían mayores tasas de ministerios públicos que el promedio nacional, por lo que la brecha entre el grupo de todos los municipios con AVGM y el resto se fue reduciendo. Sin embargo no hay un cambio de tendencia marcado y sostenido en el tiempo en el que aumente el número de ministerios públicos después de haberse activado la AVGM.

El número de estaciones de policía también muestra una falta de infraestructura en los municipios donde se declaró la AVGM en los primeros años. Los municipios que declararon la AVGM en 2015 tuvieron en promedio una estación de policía por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio nacional era de cuatro estaciones de policía. Lo que reafirma la falta de infraestructura en los municipios que declararon la AVGM sobre todo en los primeros años. De manera similar a lo que observamos con el número de ministerios públicos, el número de estaciones de policía se mantuvo en la misma tendencia antes y después de haber activado la AVGM (excepto para 2018 donde aumentó ligeramente). Además, en la siguiente gráfica observamos que la tasa de estaciones de policía en los municipios que declararon la AVGM siempre se mantuvo por debajo de la tasa promedio a nivel nacional.

Para conocer el número de personas dedicadas a las funciones de la seguridad pública, identificamos en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales al personal adscrito a las instituciones municipales encargadas de la seguridad pública. En promedio la tasa de personas dedicadas a funciones de seguridad pública a nivel municipal es consistentemente menor en municipios con AVGM en comparación con los municipios sin AVGM. Es decir que la hipótesis del desarrollo de una mayor capacidad estatal para atender la violencia feminicida no se sostiene al considerar el personal dedicado a funciones de seguridad pública a nivel municipal.

Es decir que, en cuanto a capacidades gubernamentales, los municipios que activaron las AVGM sobre todo los primeros años, tenían niveles menores de infraestructura y personal que el promedio nacional. Es decir, los municipios que activaron las alertas tenían además de más altas tasas de violencia, menos ministerios públicos por cada cien mil habitantes, menos estaciones de policía y menos personas trabajando en funciones de seguridad pública. Además, las AVGM no parecen tener efecto sobre las capacidades gubernamentales pues no cambian la tendencia de los indicadores después de haber activado la AVGM de manera sostenida en el tiempo.

Finalmente, un indicador que nos parece muy relevante sobre las capacidades del gobierno es el presupuesto ejercido en seguridad pública. ¿Aumentó el presupuesto para los municipios que activaron la AVGM? El presupuesto en todos los grupos de municipios con AVGM y el promedio nacional disminuyó en 2018. Solo para el grupo de municipios que activó la AVGM en 2015 se observa un cambio en la tendencia de su presupuesto dedicado a la seguridad pública después de haber activado la AVGM, sin embargo, el aumento en el presupuesto no se mantuvo y se volvió a reducir drásticamente después.

En conclusión sobre las capacidades gubernamentales podemos decir que el número de ministerios públicos, estaciones de policía, personal y presupuesto era menor en los municipios donde se declararon las AVGM sobre todo en los primeros años. Además, no se observa que mejoren de manera sostenida en el tiempo las tasas de los indicadores de capacidades gubernamentales después de haberse activado la AVGM.

Apuntes para una política pública que permita prevenir la violencia de género contra las mujeres

Siete años después de que se decretaron las primeras AVGM los datos muestran que la violencia feminicida prevalece en el país, como sostiene Ana Yeli Pérez Garrido: “las cifras [de violencia hacia las mujeres] no van a bajar mientras no se invierta en el tema de la prevención”. Si bien, como hemos mencionado, las AVGM han logrado visibilizar la problemática y se han invertido recursos para que las autoridades puedan atenderla, una política pública que permita prevenir la existencia de este tipo de violencia continúa siendo la gran ausente de la administración pública y constituye el un desafío para que efectivamente las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia.

A decir de las expertas en violencia feminicida, es decir, las “feministas de a pie” como se autodenomina Circe López, que tienen más de una década acompañando a víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida, es necesario el trabajo en conjunto –gobierno y sociedad civil– para poner en marcha ideas que permitan lograr la prevención de las muertes violentas de mujeres, empezando por reflexionar sobre lo que significa prevención desde la política pública ya que capacitar y elaborar folletos tiene un alcance limitado. Es decir, hace falta revisitar lo que significa la prevención desde la política pública y qué acciones se deben implementar, particularmente, desde el nivel municipal. Luego de seis años de que se declararon las AVGM en distintos municipios de Michoacán Circe López advierte: “claro que no va a disminuir la violencia con la Alerta, además no se ha propuesto una verdadera política de prevención”. Para Circe, esta política debe iniciar por cuestionar qué estamos considerando como víctima para ampliar el alcance ya que la discusión pública se está centrando en que una denuncia funciona como un certificado para validar quién es o no una víctima. Partiendo de este punto de vista, que una víctima no se legitima con una denuncia penal, desde Data Cívica pensamos que para construir una política de prevención habría que fortalecer la coordinación interinstitucional para contar con datos que permitieran incluir en el análisis la trazabilidad de la violencia que viven las mujeres desde las instituciones de salud, la escuelas y el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF), además de analizar, con perspectiva de género, los lugares en la vía pública donde las mujeres viven violencia, como son el transporte público y las calles o avenidas por donde se transportan y la forma en que la presencia del crimen organizado o de las industrias criminales opera en determinados territorios del país, en los que se han solicitado o declarado las alertas.

Para prevenir la violencia contra las mujeres también es vital considerar que la violencia contra las mujeres echa raices en la desigualdad con respecto a los hombres tanto en la esfera privada como en la pública. Es necesario incluir en el diseño de una política orientada a la prevención la nivelación de las condiciones de desigualdad de las mujeres: en el trabajo, en el acceso a la educación, a la salud y a la participación en los espacios públicos y de representación, así como de continuar presionando para que el Sistema Nacional de Cuidados se convierta en una realidad no sólo en la letra.

Los recursos, en tiempo y presupuesto, invertidos hasta ahora en capacitación de los funcionarios públicos, ya sea que pertenezcan a las corporaciones policiacas o del Poder Judicial, revelan que incluir contenidos educativos no necesariamente está generando un cambio cultural con respecto a los roles de género en ellos. Además de invertir más recursos, ya sea para fortalecer las capacidades de la polícia civil o para descargar la cantidad de carpetas de investigación que puede desahogar un agente del ministerio público, es necesario voltear la mirada a diseñar y poner en marcha estrategias que permitan dar soporte y contención al personal que a diario enfrenta casos de violencia, además de ampliar el espectro de la denuncia a otros elementos, como el derecho civil, el apoyo psicológico y de trabajo social para una atención integral de las víctimas.

Dirigir la política pública hacia la prevención efectiva de la violencia feminicida es el gran reto para disminuir la prevalencia de las agresiones contra las mujeres y el riesgo de que escalen a homicidios dolosos o feminicidios. Además de centrar los esfuerzos en la prevención, es necesario ampliar el enfoque sobre el significado de justicia pues ya se ha demostrado que la vía penal no necesariamente repara el daño ni se traduce en una garantía de no repetición. Por ello, Verónica Cruz señala que el hecho de “que se sigan pidiendo penas y contando muertas es algo que nos preocupa mucho porque es la reducción total de un tema”.

Créditos

La metodología del proyecto fue diseñada por Mariana Orozco y Alicia Franco

La redacción del informe fue realizada por Mariana Orozco, Aurora Sánchez, Itzel Soto y Alicia Franco.

Las activistas entrevistadas para el informe fueron: Ana Yeli Pérez Garrido (Justicia Pro Persona A.C., Estado de México, e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), Marina Reyna Aguilar (Asociación Guerrerense contra la Violencia Hacía las Mujeres A.C., Guerrero), Circe López (Humanas sin Violencia A.C., Michoacán), Verónica Cruz (Las Libres A.C., Guanajuato) y de la académica Martha Torres Falcón (Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México).

Las entrevistas fueron realizadas por Mariana Orozco.

Los datos fueron procesados y analizados por Itzel Soto, Alicia Franco y Monserrat Pérez.

La programación del sitio estuvo a cargo de Pablo Martínez y Jorge Andrade.

El diseño de la página es de Alejandra Nava.

La ilustración es de Brenda Muñoz.

Alicia Franco y Mariana Orozco coordinaron el proyecto.

Contacto prensa: [email protected]

Notas al pie

¹Es importante señalar que a partir de 2018 no existe documentación disponible para la ciudadanía sobre las solicitudes y declaratorias de AVGM en dicho portal.

²Agradecemos a las activistas y defensoras de los derechos de las mujeres Ana Yeli Pérez Garrido (Justicia Pro Persona A.C., Estado de México, e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio), Marina Reyna Aguilar (Asociación Guerrerense contra la Violencia Hacía las Mujeres A.C., Guerrero), Circe López (Humanas sin Violencia A.C., Michoacán) Verónica Cruz (Las Libres A.C., Guanajuato) y de la académica Martha Torres Falcón (Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México) por el tiempo, la disposición y sus valiosos testimonios que alimentaron la elaboración de este informe interactivo.

³Entre ellas los Censos Municipales y Estatales de Gobierno, los Censos Estatales de Procuración de Justicia Estatal, Datos Abiertos de Egresos Hospitalarios, los registros de mortalidad del INEGI, el Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y la Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

⁴En el marco de la LGAVLV la violencia feminicida es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

⁵La descripción de estos pasos fue tomada de: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-80739.

⁶La decisión de declarar no procedente una SAVGM recae en la SEGOB, a través de la CONAVIM, más que en el dictamen del Grupo de Trabajo o en la evidencia que presentan las organizaciones de la sociedad civil.

⁷De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos “la declaratoria de AVG por agravio comparado tendrá como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano, a través de acciones gubernamentales. El agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contenga alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los derechos humanos de las mujeres: 1) Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delitos, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio; 2) No se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación o consecuente agravio, o; 3) Se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación” (https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/AVGM/AVGM#:~:text=La%20declaratoria%20de%20alerta%20de%20violencia%20de%20g%C3%A9nero%20por%20agravio,protegidos%20en%20todos%20aquellos%20instrumentos).

⁸Rita Segato citada en: https://www.ritmomedia.io/cultura/el-mandato-de-la-masculinidad/y https://www.goethe.de/ins/ar/es/kul/mag/22141650.html

⁹Mayores detalles sobre la solicitud y declaración de la AVGM en el estado de Michoacán se encuentran en: https://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-michoacan

¹⁰A la pedagogía de la crueldad la antropóloga argentina Rita Segado la define como todo aquello que cosifica la vida: “Llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá del matar, enseñan a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del difunto. […] El ataque y la explotación sexuales de las mujeres son hoy actos de rapiña y consumación del cuerpo que constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Sus deyectos no van a cementerios, van a basurales.” Véase : https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9517d5d3-4f92-4790-ad46-81064bf00a62/pedagogias-de-la-crueldad

¹¹La CONAVIM, creada en 2009 por por decreto en el Diario Oficial de la Federación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encarga de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.

¹²Por ejemplo, el “Análisis del Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)”, de la Iniciativa Spotlight, publicado en 2021.

¹³Para consultar el listado de indicadores propuestos en cada categoría acceda aquí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PPVpWrgWPIvDdsaAhgX17fYVhM6QTw6vr20CaMS8QD8/edit#gid=1828655367

¹⁴Para un registro detalladas de los municipios o los estados donde las alertas fueron declaradas, véase la “Tabla 1. Estatus de la declaratoria de AVGM por estado y municipio”.

¹⁵En esta sección analizamos la tasa de feminicidios medida con la metodología de Data Cívica a partir de los homicidios de mujeres registrados por las actas de defunción provenientes de las morgues. La clasificación de feminicidios de Data Cívica clasifica los homicidios de mujeres como feminicidios si por lo menos una de las siguientes condiciones se cumple: i) la víctima falleció en el hogar, sin importar la causa específica de muerte; ii) la causa de muerte fue agresión sexual; iii) si hay registro de que hubo violencia familiar relacionada al homicidio. iv) se reporta algún tipo de parentesco entre la víctima y el presunto agresor; y/o v) la causa de defunción fue maltrato o abandono.

¹⁶Son Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlanepantla, Toluca, Tultitlán, Cuautitlán y Valle de Chalco Solidaridad en el Estado de México y Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla Temixco, Xochitepe y Yautepec en el estado de Morelos.

¹⁷Se analiza hasta 2021 ya que en 2022 las tasas de carpetas abiertas por feminicidio y por violencia doméstica están anualizadas.

¹⁸Para más detalles sobre los pasos estipulados revisar la sección “El surgimiento de la AVGM en México” de este informe